Foro de la Ley Para La Protección integral de los Periodistas

 

HONORABLE LIX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

 

PRESENTE

 

 LOS SUSCRITOS PERIODISTAS EN ACTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE NOS CONFIERE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, NOS PERMITIMOS PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DE ÉSTA HONORABLE LIX LEGISLATURA, LA SIGUIENTE INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE

 

 LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS PERIODISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SUSTENTO Y DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La lucha por la libertad y la independencia de México tuvo en la prensa una de sus plataformas. En 1811, las fuerzas insurgentes imprimieron El Despertador Americano, voz de su causa. En 1812 José María Cos edita en el Estado de México el Ilustrador Nacional que en su número 5 critica a la prensa oficial del gobierno Virreinal. En Guanajuato, en 1812, en el islote Liceaga de la laguna de Yuriria, fueron impresos los números I y 2 de La Gazeta del Gobierno Americano en el Departamento del Norte, como muestra de pleno ejercicio de la libertad de prensa. Mientras que la constitución de Apatzingán, promulgada por el Generalísimo José María Morelos en 1814, garantizaba el derecho a escribir y opinar sin ser objeto de censura alguna. Con ello se mostraba el espíritu emancipador de la causa insurgente y la libertad de prensa declarada en su ideario.

 

 Con la independencia sobrevino una etapa de mayor ejercicio de la libertad de expresión, pero también de represión gubernamental tanto de imperialistas como de centralistas y federalistas. La libertad de prensa fue un derecho forjado por los ímpetus libertarios de los periodistas que rebasó los límites de la ley. Con ello inició una etapa en la que ser periodista y político eran sinónimos y las páginas de los impresos eran centro de debate en pos de la construcción de un proyecto de nación. La libertad de prensa, en consecuencia, fue el tema central del debate y la reflexión política del liberalismo mexicano del siglo XIX.

 

 La Constitución liberal de 1824 hizo referencia a la libertad de imprenta en los artículos 50, en el que otorgaba al Congreso la facultad de garantizarla, 161 y 171, en donde indicaba que los poderes ejecutivos federal y de los estados debían proteger a los ciudadanos del uso de esa libertad.

 

Con el arribo de los conservadores centralistas al poder en 1836, en la ley se garantizaba la libertad de expresión sin previa censura, pero las leyes penales sancionaban a los periodistas cuando a criterio de los jueces se excedían en el uso de ese derecho. En contraste, el gran liberal Jesús María Luis Mora defendió la libertad plena de expresión y señaló que corresponde a los mismos periodistas regularla, contraponiéndose a toda injerencia del Estado en el ejercicio de esa facultad.

 

 Fue por eso por lo que el ascenso de los liberales al poder y el consecuente establecimiento del Estado Laico dieron mayores garantías a este derecho. Así, el artículo 7 de la Constitución liberal de 1857 garantizaba plenamente la libertad de expresión. Sin embargo, de nueva cuenta esa libertad sería restringida debido a la intervención francesa y el imperio de Maximiliano.

 

Una de las formas de resistencia y de lucha nacionalista fue la publicación de impresos anti imperialistas. La persecución y cárcel sufrida por la prensa liberal fue parte de la lucha por la soberanía nacional.

 

Con la restauración de la república en 1867 se volvió a garantizar la libertad de expresión, misma que sufre un acotamiento en 1883, cuando Porfirio Díaz, ya convertido en dictador, establece leyes que penalizan las opiniones de los periodistas.

 

 La Revolución Mexicana incluyó a la libertad de expresión en sus frentes de lucha. Periodistas en funciones de legisladores integraron a la Carta Magna los fundamentos de la libertad de expresión acorde a una democracia moderna y posteriormente se habría de reformar para garantizar el derecho ciudadano a la información.

 

 En nuestro marco constitucional federal, el artículo 60 establece: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Al menos que este derecho se haga para menoscabar o perjudicar el derecho de terceros".

 

 En este mismo artículo federal se establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Adicionalmente, la parte dogmática de la constitución política federal menciona en el artículo 70 que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

 

 La libertad de expresión ha sido un proceso constante a lo largo del siglo XX. Tanto el poder público como el privado le han dado luces y sombras a este derecho. La lucha de las y los periodistas por escribir y opinar con libertad se ha dado en redacciones, micrófonos y tribunales.

 

A partir de la modificación del Primer Capítulo de nuestra Carta Magna, el orden jurídico mexicano centró su interés en los Derechos Humanos, además de reafirmar su compromiso en la materia y en los convenios internacionales que nuestro país ha signado, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 establece: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

 

 El bien jurídico que protege el articulado anterior no sólo se restringe a la libertad de expresión, sino que garantiza como derecho humano la libertad de investigar, recibir y difundir información por cualquier medio de expresión. Por ello, la libertad de expresión es condición necesaria para la existencia y posibilidad de un régimen democrático, es lo que permite la creación de la opinión pública y esencia para otros derechos fundamentales como el derecho a la información, el de petición y los derechos en materia de participación política.

 

 La Declaración francesa de 1789 recogió la libertad de expresión en su artículo 11, con las siguientes palabras: “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley”.

 Otro texto internacional relevante en la materia es el contenido del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto establece que: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones; Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección; El ejercicio del derecho previsto en este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales.

 

 Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

 

 La sociedad de la información del Siglo XXI, demanda la existencia de gobiernos democrático, abiertos y capaz de facilitar el acceso a la información de cada uno de sus miembros; en el Estado de México los medios de comunicación juegan un papel cada vez más determinante en sus procesos sociales, políticos, económicos y culturales; ellos forman y dirigen el pensamiento de la colectividad y, por eso, la sociedad les reclama mayor confiabilidad y compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, acciones en las que indiscutiblemente el periodismo encuentra su plena justificación.

 

 Los periodistas y los medios de comunicación son quienes cumplen las labores sociales de información, ya que gracias a ellos se presentan las denuncias ciudadanas, evidencia, proyección y el reflejo de los problemas sociales.

 

 Para que cumplan cabalmente con su labor, es necesario que se les garantice un trabajo digno, libre de amenazas y presiones resultado de la ola de violencia que se ha desatado en el país. El ejercicio periodístico que se realiza en México se ha venido complicando debido a la ola de inseguridad que se tiene por la presencia de los grupos de delincuencia organizada, mismos que han extendido sus redes en todo el país, lo que ha originado que varios comunicadores hayan perdido la vida o sean amedrentados por estar informando y denunciando diferentes hechos.

 

Según datos de la ONU, México es uno de los países más peligrosos de América para ejercer el periodismo, ya que más de un centenar periodistas han sido asesinados en los últimos 10 años.

 

Desde 2012 la UNESCO registra un alarmante crecimiento en el número de periodistas asesinados en México, los datos no toman en cuenta a los desaparecidos, ni mucho menos los amenazados y atacados a su persona, bienes o familia, ni los que viven en el exilio.

 

 La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informó que, en el periodo de enero de 2000 al 31 de octubre de 2015, se tienen registrados 103 homicidios contra periodistas.

 

 De acuerdo con la Fiscalía, el registro de homicidios por entidad federativa durante el periodo de enero de 2000 al 15 de octubre de 2015, Chihuahua y Veracruz son los Estados que registran más homicidios con 16 cada uno seguidos por Tamaulipas con 13 y Guerrero con 11. Asimismo, se observa que los Estados de Baja California, Chiapas, Morelos, Quintana Roo y Tabasco, son los que menos homicidios presentan al menos con uno cada uno. La Fiscalía señala que en el registro de homicidios de periodistas por región en el periodo 2000 a octubre de 2015, la región Sureste es la que más homicidios contempla con 36 y la que menos es la región occidente con 6, sin embargo, lo anterior se explica dado que en la zona sureste se ubican dos de los Estados que han presentado un alto índice de homicidios en contra de periodistas, Veracruz que cuenta con 16 y Guerrero que registra 11 homicidios.

 

Además de los homicidios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte de otros ilícitos que constituyen mecanismos de censura, de 2005 a 2015 ha registrado la desaparición de 20 periodistas y 48 atentados en contra de medios de comunicación.

 

 En la presentación del informe anual de la CNDH ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el pasado 25 de enero de 2017, su presidente expuso que se tienen 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas. En ese sentido, la organización Artículo 19 considera que los casos de desaparición son representativos de la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

 

 Esta organización en su tercer informe trimestral de 2016 reporta un total de 10 asesinatos a periodistas de enero a septiembre de 2016, prácticamente un homicidio cada mes. Sin contar los asesinatos de periodistas que en 2017 han sucedido en Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y otras entidades, suman ya 127, sin que hasta la fecha se haya castigado a los responsables. 37 periodistas han perdido la vida en este sexenio.

 

 Sumado a estos riesgos profesionales, los periodistas se siguen enfrentando a los mismos problemas de antaño, amenazas de funcionarios, llamadas telefónicas a cualquier hora del día, persecuciones en sus trayectos, intervención de llamadas, mismo que ha generado que varios medios de comunicación hayan cerrado sus puertas en muchos puntos de la república mexicana.

 

En el estado de Puebla, no fueron los huachicoleros los enemigos del gobierno anterior, sino los periodistas que señalaban los errores, la Ley Bala y otras legislaciones y acciones públicas, los que fueron catalogados como tales.

 

El Estado de México no es la excepción, en la entidad, también se han registrado varios hechos que afectan la actividad diaria de los comunicadores, y de ello existen ejemplos conocidos por todos, periodistas encarcelados por ser voz de las comunidades del sur.

 

Cuando se incomodaba a funcionarios las agresiones se dan y la gran mayoría quedan impunes a pesar de las denuncias. La presente iniciativa considera la tendencia universal por reconocer el derecho de salvaguardar el secreto profesional o la reserva de información, orientada a tratar de garantizar de manera plena el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que resulta indispensable que se cuente con un ordenamiento jurídico que fundamente el ejercicio de la actividad profesional de los periodistas, y reconozca a su vez, los derechos que, como comunicadores y actores sociales fundamentales, poseen.

 

En el desarrollo de sus actividades el periodista tiene derechos, pero igualmente obligaciones. El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, por eso la tarea primordial del periodista es la de ser el investigador de la sociedad que le informa de manera veraz, oportuna y permanente, a través de los diversos géneros periodísticos, de lo que acontece de manera cotidiana en la sociedad y de las actividades de su gobierno y representantes.

 

El papel social del periodista exige que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación donde labore. La sociedad y los actores diversos de la geometría política deben repudiar el uso de la violencia en contra de los periodistas y comunicadores, puesto que son profesionales que toman riesgos por ejercer la libertad de expresión y ser el conducto para garantizar el derecho la información.

 

En mérito de lo expuesto, nos permitimos presentar a la consideración de esta respetable Soberanía Popular, la siguiente Iniciativa de:

 

 D E C R E T O

 

 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS PERIODISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO

 

 CAPITULO I

 

Disposiciones Generales

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de México y tiene como objeto establecer la cooperación entre el Estado y los Ayuntamientos para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

 

 Artículo 2.- Proteger, promover y garantizar de los derechos digitales, el derecho a la información y a la libertad de expresión en el contexto de las tecnologías digitales.

 

Artículo 3.- Garantizar el ejercicio periodístico en condiciones de respeto, seguridad, independencia de criterio puesta al servicio del Derecho a la Información y la Libertad de Expresión de todos sus habitantes, a través de los diversos medios de comunicación, velando por el libre ejercicio de la actividad periodística, la libertad de criterio y opinión al informar, fortaleciendo las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y lograr el bienestar integral de los periodistas.

 

Artículo 4.- Esta ley crea el Mecanismo de Protección Integral del Periodista para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos en la entidad.

 

Artículo 5.- El Estado garantizará a los medios de comunicación el ejercicio pleno de las libertades para el acceso a la información pública de los Tres Poderes y de los dos niveles de gobierno; y a los gobernados el derecho constitucional a la información veraz e imparcial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

 

Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran los Periodistas y su familia;

 

Beneficiario: persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección;

 

III. Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Periodistas, previsto en la Ley expedida por el Congreso de la Unión;

IV. Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición;

 

 V. Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones;

 

 VI. Medidas de Protección: conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario; VII. Medidas Urgentes de Protección: conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario;

 

VIII. Peticionario: Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante el Mecanismo;

 

 IX. Fondo: Fondo de Apoyo a los Periodistas para el Estado de México.

 

X. Periodista. Es aquella persona que hace del ejercicio de la Libertad de Expresión de modo continúo, estable y renumerado, su actividad que consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación impreso, radioeléctrico, digital o imagen, que acreditan su experiencia o estudio; al ser el periodismo la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, quien lo ejerce no está sujeto a un título universitario o a determinado colegio profesional, al ser la libertad de expresión un derecho inherente a todo ser humano.

 

XI. Actividad periodística. Aquella que realizan todas las personas en el ejercicio de su Libertad de Expresión y de su Derecho a la Información, ya sea de manera renumerada por algún medio de comunicación impreso, electrónico o digital; o de manera voluntaria para su comunidad, pueblo, gremio y demás. La actividad periodística no se limita sólo a personas físicas, sino también abarca a medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole;

 

XII. Libertad de expresión. Es el derecho constitucional que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones a través de cualquier medio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

XIII. Derecho a la Información. El derecho que debe ser garantizado por el Estado y sus instancias para que todas las personas puedan recibir, buscar, investigar, sistematizar, acopiar, almacenar o publicar hechos que sean considerados de interés público para la sociedad en general, y;

 

XIV. Derechos digitales: El derecho a la información y a la libertad de expresión en el contexto del uso de una computadora, dispositivo móvil, redes sociales e internet, y en general de las tecnologías digitales.

 

 Artículo 7.- El Mecanismo Local estará integrado por el conjunto de acciones que en el Estado de México se llevarán a cabo para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

 

Artículo 8.- Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de:

 

  1. Persona que ejerce la Libertad de Expresión o Periodista;

 

  1.  Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes del Periodista;

 

  1.   Los bienes del Periodista u organizaciones gremiales.

 

Artículo 9.- El Estado, a través de sus órganos competentes promoverá el reconocimiento público y social de la importante labor de los Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenará, investigará y sancionará las agresiones de las que sean objeto.

 

Artículo 10.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, municipios y demás entidades públicas adquirirán un seguro de vida para las personas que lleven a cabo sus labores periodísticas en cada una de éstas, para lo cual las áreas competentes de comunicación social o afines realizarán un registro que incluya como mínimo el nombre, medio informativo para el cual trabaja y su acreditación correspondiente. Los registros deberán ser compartidos por los poderes, órganos, dependencias y entidades públicas para contar con un padrón único de beneficiarios, garantizando en todo momento la protección de los datos personales.

 

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través del área competente, creará un Fondo que le permita destinar los recursos necesarios para apoyar económicamente a los periodistas que hubieren estado en riesgo en el ejercicio de sus funciones, ocasionándoles incapacidad permanente.

 

Artículo 12.- La presente ley reconoce como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad de los periodistas, los siguientes: I. El Fondo de Apoyo a Periodistas; II. Comité Estatal de Protección a los Periodistas III. El secreto profesional; IV. La cláusula de conciencia; V. El libre y preferente acceso a las fuentes informáticas; VI. La protección a los objetos y medios de divulgación de los periodistas; VII. Los derechos de autor y de firma, VIII. Seguridad, salud, educación, vivienda, capacitación, deporte y recreación, y; IX. La transparencia y el acceso a la información de las entidades de la administración pública para los periodistas.

 

Artículo 13.- Para la eficaz operación y cumplimiento de la presente Ley, el Gobierno del Estado celebrará convenios de colaboración y coordinación con las dependencias, instituciones u organizaciones federales, estatales o municipales, así como con las empresas periodísticas o propietarios de los medios de comunicación que operan en el Estado de México. CAPÍTULO II DEL FONDO DE APOYO A LOS PERIODISTAS

 

Artículo 14.- El fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de México es un fondo presupuestal que se integra con aportaciones de los periodistas que manifieste expresamente su voluntad de participar en el mismo, las aportaciones a su favor entregadas por empresas de los medios de comunicación, las organizaciones sociales e instituciones privadas, así como aportaciones que efectúe el Gobierno del Estado de acuerdo con la suficiencia presupuestal que determine el Congreso del Estado misma que no deberá ser inferior al 2 por ciento del monto que se destine a la comunicación social de Gobierno del Estado, y operará sujeto a las reglas que determine su Comité Técnico, así como por los lineamientos que rigen la operación y manejo de recursos presupuestales. El fondo tiene por objeto implementar medidas y acciones para establecer beneficios que coadyuven a mejorar las condiciones de vida del periodista y su familia.

 

Artículo 15.- Para cumplir con lo previsto en el artículo que antecede, el Fondo con sujeción a su Reglamento de Operación podrá contemplar el otorgamiento de los siguientes apoyos: I. Seguro de vida para los periodistas que formen parte del mismo; II. Préstamos para adquisición de elementos personales que permitan desarrollar mejor la actividad periodística, así como financiamiento a cursos de capacitación y adiestramiento; III. Préstamos personales para adquisición de vivienda o vehículos nuevos o usados; IV. Apoyos económicos para gastos por enfermedad, accidentes y funerarios del periodista, su cónyuge, hijos o ascendientes, V. Seguro al desempleo cuando los periodistas por alguna causa dejen las empresas donde laboran, por el tiempo en que se colocan en otra o bien comienzan un trabajo independiente por su propia cuenta; y VI. Los demás que se establezcan por acuerdo del Comité Técnico o que sean logrados por el mismo gremio.

 

Artículo 16.- El fondo será administrado por la Secretaría de Desarrollo Social y contará con un Comité Técnico que fungirá como órgano de gobierno integrado por los titulares de: I. La Secretaria de Desarrollo Social; II. Secretaría general de Gobierno; III. Secretaría de Finanzas; IV. Los Representantes de Periodistas u Organizaciones Periodísticas legalmente constituidas; V. Los Representantes de Universidades que impartan la carrera de Comunicación o similar. Los cargos de los miembros del Comité serán honoríficos, por lo que no recibirán remuneración, emolumentos ni compensación alguna por su desempeño y se regirán con las bases establecidas en su reglamento interior.

 

Artículo 17.- El Comité Técnico, señalado en el artículo anterior, tendrá las siguientes facultades: I. Establecer las reglas de operación por las cuáles se regirá el cumplimiento del fin del fondo; II. Decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración que se realicen sobre los recursos a que se refiere la presente Ley; III. Acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos del Fondo, de acuerdo con la normatividad de la materia, con el propósito de que los recursos del Fondo se apliquen en forma transparente; IV. Autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos que puedan derivar en afectaciones para el patrimonio del Fondo, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimento de sus fines; V. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Comité; VI. Vigilar que los recursos que se aporten al Fondo se destinen al cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de que al efecto se establezca en las disposiciones legales y administrativas, y VII. Definir los criterios y dictar decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fondo.

 

Artículo 18.- El Fondo operará a través de un fideicomiso público, el cual se regirá por las disposiciones jurídicas aplicables.

 

Artículo 19.- El patrimonio del Fondo se constituirá con: I. Las aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo; II. Las participaciones que en su favor realicen el Gobierno del Estado y Municipios; III. Los recursos anuales que señale la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de México y otros fondos públicos; IV. Las aportaciones que en su favor puedan entregar las empresas de los medios de comunicación, las organizaciones sociales e instituciones privadas; V. Los donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello adquieran algún derecho en el fideicomiso; VI. Los ingresos propios y los rendimientos que resulten de la realización de sus actividades; VII. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones y operaciones; VIII. Los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno federal, o los ayuntamientos, y IX. Los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título legal el fideicomiso para o como consecuencia del cumplimiento de sus fines. CAPÍTULO III DEL COMITÉ ESTATAL DE PROTECCIÓN AL PERIODISMO

 

Artículo 20.- El Gobierno del Estado deberá impulsar la creación de un Comité Estatal de Protección al Periodismo, el cual se regirá por los principios que orientan esta Ley. I. El titular o un representante de la Secretaría de Gobierno; II. El titular o un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; III. El titular o un representante de la Fiscalía de Justicia; IV. Un integrante o un representante del Instituto de Transparencia del Estado de México; V. El titular o un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; VI. Por dos representantes del gremio de los periodistas VII. Por dos representantes de la sociedad civil.

 

Artículo 21.- El Comité sesionará por lo menos una vez cada tres meses y tendrá las siguientes funciones: I. Analizar y diagnosticar las situaciones de riesgo de los Periodistas; II. Recabar los datos y elaborar estadísticas que impliquen violaciones a la libertad de expresión; III. Documentar los casos de agresiones a periodistas, y demás actividades relativas que sean de interés de esta Ley; IV. Capacitar a los Agentes del Ministerio Público, policías estatales y municipales y demás funcionarios involucrados con la procuración de justicia sobre protocolos de investigación y atención a periodistas víctimas de agresiones o violaciones a la libertad de expresión, y V. Proponer y promover las reformas legales tendientes a la protección de periodistas y a la libertad de expresión. CAPÍTULO IV DEL SECRETO PROFESIONAL

Artículo 22.- El periodista tiene el derecho jurídico y el deber ético de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva, y en conciencia hayan documentado la información dirigida al público. La protección de las fuentes informativas constituye un derecho de los ciudadanos a recibir información libre, veraz e imparcial, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.

 

Artículo 23.- El secreto profesional establecido en la presente ley comprende: I. Que el periodista no sea citado para que comparezca como testigo en los procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, que sean competencia y/o jurisdicción estatal, con el propósito de revelar sus fuentes de información; a petición de la autoridad solo ampliará la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico; II. Que el periodista no sea requerido por las autoridades judiciales o administrativas, que sean competencia y/o jurisdicción estatal, para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística; III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de computo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información del periodista, no sean objeto de inspección ni aseguramiento por autoridades administrativas o jurisdiccionales que sean competencia estatal, para ese fin, y no constituirán elemento de delito, y; IV. Que el periodista no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdiccionales que sean competencia estatal, con el propósito de obtener la identificación de la o las fuentes de información. El secreto profesional establecido en la presente ley regirá como regla general, y las excepciones a la cláusula del secreto profesional podrán hacerse solamente por autoridad judicial competente, únicamente en los casos en que la ley empleada cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. En caso de duda, se deberá favorecer esta cláusula de acuerdo con el principio de protección contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 24.- Las personas que por razones de relación profesional con el periodista tengan acceso al conocimiento de la fuente de información serán protegidas en igualdad de circunstancias por este ordenamiento; como si se tratara de éstos.

 

Artículo 25.- El periodista podrá invocar siempre su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas. El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos ni judiciales ni administrativamente. El secreto profesional asiste a todo comunicador involucrado en el proceso informativo que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente reservada.

 

CAPÍTULO V DE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA

 

Artículo 26.- La cláusula de conciencia es un derecho inalienable de los periodistas que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, salvaguardar su libertad y su derecho de opinión y la ética profesional del periodista para el ejercicio de la libertad de expresión y garantía del derecho a la información.

 

Artículo 27.- En virtud de la cláusula de conciencia, los periodistas tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabaje, cuando: I. En el medio de comunicación donde ejerce el periodismo, se produzca un cambio en la línea editorial que no garantice el derecho a la información ni la libertad de expresión para informar con veracidad; y II. La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que, por su género o línea, suponga una ruptura patente con la línea editorial y no se garanticen los derechos profesionales del periodista. La aplicación del presente precepto se hará con estricto respeto y observancia de la Legislación Laboral correspondiente.

 

 Artículo 28.- Los periodistas podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos y profesionales de la comunicación o al derecho a la información, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio para éstos, por su negativa justificada.

 

CAPÍTULO VI EL LIBRE Y PREFERENTE ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

 

Artículo 29.- El periodista tendrá acceso a los registros, expedientes administrativos y demás información pública de las autoridades estatales y municipales, que pueda contener datos de interés público. Las autoridades facilitarán este acceso a la información pública, tomando las precauciones necesarias para garantizar la información reservada y la confidencial de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

 

Artículo 30.- El periodista tendrá acceso a todos los eventos oficiales que se desarrollen en el seno de organismos municipales y estatales, que la ley establece como de carácter público a excepción de aquéllos que se señalen con el carácter de privados, por lo que, en este último caso, se deberá garantizar a los medios de comunicación la información pública permisible respecto a dicho acto.

 

Artículo 31.- El periodista podrá acceder a los eventos de carácter público estatal que se desarrollen por personas físicas o jurídica colectivas privadas, siempre y cuando exista el consentimiento expreso de éstas para su cobertura y difusión de acuerdo con las pautas de publicidad de los medios de comunicación. En caso de no requerir cobertura y difusión, los particulares podrán exigir el pago que corresponda a la tarifa establecida para el acceso al espectáculo público o evento deportivo de que se trate, cuando ésta sea la condición establecida para acceder a él. Quienes acudan por su cuenta sin ser requeridos por los particulares, podrán difundirse sin cargo alguno, imágenes y resúmenes audiovisuales de espectáculos, acontecimientos y otros actos públicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor, y en los términos que la misma establece.

 

Artículo 32.- Los particulares no podrán prohibir la presencia de periodistas debidamente acreditados en los actos señalados en el artículo anterior, una vez cubiertos los requisitos previamente establecidos para su ingreso.

 

Artículo 33.- Se facilitará el acceso a los periodistas debidamente acreditados a todos los edificios e instalaciones públicas, salvo que, por cuestiones de seguridad, la autoridad competente determine lo contrario. No podrá impedirse la toma de imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga por razones de seguridad, defensa del Estado o conservación y preservación de aquellos que constituyan patrimonio histórico estatal.

 

CAPÍTULO VII DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE FIRMA

 

Artículo 34.- Los periodistas son quienes determinan la forma en que dan a conocer las noticias, entrevistas, reportajes, crónicas o expresan su opinión sobre determinada información cuya cobertura realizaron de manera profesional salvaguardando los derechos que pueden corresponder a otros. Los periodistas tienen los derechos patrimoniales y morales que el derecho vigente en la materia de propiedad intelectual reconoce a los autores.

Artículo 35.- Los periodistas tendrán los derechos patrimoniales y percibirán las remuneraciones económicas que correspondan a su actividad periodística, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

Artículo 36.- La cesión de los derechos de explotación en el marco de un contrato de trabajo, se entenderá hecha, en los términos establecidos en la Ley de la materia.

 

Artículo 37.- Los periodistas tienen el derecho de identificar sus trabajos con su nombre o seudónimo profesional, lo que, en términos de la ley de la materia, debe ser respetado, y retirar dicha identificación cuando el trabajo sea modificado de su forma original.

 

Artículo 38.- Cuando se reproduzcan total o parcialmente materiales periodísticos de otros medios de comunicación, sea porque éstos hayan sido vendidos o cedidos o porque fueren utilizados como fuente de información, se debe identificar plenamente el medio de donde es tomada dicha información, lo mismo que su autor, en caso de que la publicación original se encuentre firmada, en términos de lo establecido en la ley de la materia.

 

CAPITULO VIII DEL DERECHO A LA SEGURIDAD

 

Artículo 39.- En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas podrán solicitar a las autoridades correspondientes, previa denuncia, la protección de su persona, familia y bienes, y el Estado tendrá la obligación de atender en forma inmediata las denuncias presentadas e implementar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del denunciante. Las medidas de protección deberán incluir un espacio seguro para el periodista y sus familias, según sea el caso. Brindar las medidas cautelares necesarias.

 

Artículo 40.- Cuando un periodista sea privado de la vida, el familiar que acredite mejor derecho recibirá un apoyo económico por 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el cual deberá ser cubierto por el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Finanzas, y se entregará en un plazo máximo de treinta días naturales a partir de que se acredite el derecho al mismo.

 

Artículo 41.- En caso de secuestro, privación de la libertad o cualquier otra conducta que atente contra la vida, integridad o la libertad de los periodistas, el Estado deberá intensificar acciones que lleven a la pronta extinción de la agresión sufrida por el periodista; siendo su obligación dar seguimiento a este tipo de casos e informar públicamente del resultado de la investigación, excepto en casos de privación de la libertad o secuestro, en que los familiares del periodista agredido se oponga a esto.

 

Artículo 42.- Todos los delitos contra periodistas o medios de comunicación que sean cometidos por servidores públicos estatales o municipales, la autoridad garantizará sanciones mayores para sus autores a través de la legislación correspondiente. Artículo 43.- En caso de agresión, atentado, privación de la libertad o secuestro, que dejen alguna secuela, los periodistas gozarán de los beneficios del sistema estatal de salud que les garantizará el propio Estado.

 

Artículo 44.- El Gobierno del Estado de México implementará las acciones de protocolo establecidas por el gobierno federal para cada entidad contra delitos en contra de periodistas y medios de comunicación: I. El Gobierno del Estado de México designará un Fiscal Especial para la Atención de Delitos en Contra de Periodistas y Medios de Comunicación; II. Creará una Unidad de Atención a Periodistas encargada de operar el mecanismo para su protección; III. Establecerá un número telefónico exclusivo para la atención de sus derechos humanos enlazado al C-4; IV. Elaborará un Mapa Estatal de Riesgos para Periodistas y una lista de periodistas en riesgo en la entidad. CAPÍTULO IX DEL APOYO A LA SALUD DEL PERIODISTA Y SU FAMILIA

 

Artículo 45.- Las secretarías de Desarrollo Social y de Salud de manera conjunta con los periodistas y sus agrupaciones, promoverán la firma de convenios con clínicas y hospitales públicos y privados, para brindar atención integral a los periodistas y familiares consanguíneos en línea directa.

 

Artículo 46.- En los términos del artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo previsto en la Ley de Salud del Estado de México, la secretaría del ramo, a través de sus establecimientos en la entidad, garantizará la prestación de estos servicios y, tratándose de mujeres periodistas embarazadas, la Secretaría de Salud le brindará la atención médica necesaria a ella y al producto derivado del embarazo.

 

Artículo 47.- La Secretaría de Desarrollo Social y los periodistas y sus organizaciones promoverán la firma de convenios con gobiernos municipales para brindar apoyo, atención, resguardo y traslado de periodistas y/o familiares a clínicas u hospitales que procuren la atención médica específica para garantizar su vida.

 

CAPITULO X DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN CENTROS DE TRABAJO

 

Artículo 48.- Para la seguridad e higiene del periodista en su fuente de trabajo, la Secretaría del Trabajo apoyará a los dueños o administradores de los medios de comunicación en programas de seguridad e higiene a favor de los periodistas en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal.

 

CAPÍTULO XI DE LA CAPACITACIÓN

 

Artículo 49.- La Secretaría General de Gobierno, a través del área correspondiente, vigilará el cumplimiento de las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los periodistas en sus fuentes de trabajo.

 

Artículo 50.- La Secretaría del Trabajo y la Coordinación General de Comunicación Social del Estado, podrán celebrar juntamente con los patrones, empleadores que son propietarios o administradores de las empresas periodísticas o de medios de comunicación que operen en la Entidad, los convenios que sean necesarios para la capacitación para el trabajo, a través de cursos, seminarios y talleres, en las diferentes instancias educativas públicas y privadas del Estado.

 

Artículo 51.- La Secretaría del Trabajo, a través del área correspondiente, vigilará el cumplimiento de las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los periodistas.

 

CAPÍTULO XII DEL ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN PARA EL PERIODISTA Y SU FAMILIA

 

Artículo 52.- Las secretarías de Educación y de Desarrollo Social del Estado de México celebrarán convenios de colaboración con instituciones de educación pública y privada con el propósito de lograr alternativas de educación y profesionalización para los periodistas del Estado de México y sus familias.

 

 Artículo 53.- A efecto de estimular la profesionalización del periodista, las secretarías mencionadas diseñarán y ejecutarán programas específicos de becas para periodistas en los niveles medio, superior y de postgrado.

 

Artículo 54.- Para el cumplimiento del artículo anterior se instituirá un Fondo Educativo que promueva la formación profesional de los periodistas, con una asignación anual equivalente a 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

 

Artículo 55.- Las secretarías de Educación y Desarrollo Social promoverán, ejecutarán y vigilarán que los programas de Becas Educativas destinadas para estudiantes se otorguen en beneficio de los familiares de los periodistas, con base en la normatividad establecida.

 

 Artículo 56.- La Secretaría de Educación del Estado de México proveerá lo necesario para que estos programas de becas se cubran en los niveles: guarderías, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y postgrado, para los hijos de los periodistas.

 

CAPÍTULO XIII DE LA VIVIENDA PARA LOS PERIODISTAS Y SU FAMILIA

 

Artículo 57.- La Secretaría de Desarrollo Social y los periodistas y sus organizaciones se reunirán de manera periódica para conocer las necesidades de vivienda de los periodistas del Estado de México, misma que enviará al Instituto Mexiquense de la Vivienda para su incorporación a los programas.

 

Artículo 58.- La Secretaría de Desarrollo Urbano a través del IMEVIS, instrumentará los mecanismos necesarios para la incorporación y atención de los periodistas en sus programas de crédito para vivienda y suelo urbano (terreno).

 

 

 

CAPÍTULO XIV PERIODISTAS EN LA PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV MEXIQUENSE

 

Artículo 59.- Para fortalecer la participación democrática y la identidad mexiquense, mediante una programación de calidad, tomando en cuenta la función educativa, cultural, artística, política y deportiva, explorando permanentemente en otras plataformas de las nuevas tecnologías de Información, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense invitará a su Comité Técnico de Programación a periodistas que coadyuven en la mejora de los mismos para que estos respondan al Derecho a la Información que la sociedad mexiquense reclama.

 

Artículo 60.- Operar, diversificar y ampliar los canales de comunicación radiofónica y televisiva para dar a conocer a la opinión pública las manifestaciones políticas, culturales, artísticas, educativas, deportivas, solidarias, de equidad de género y las acciones emprendidas por los Tres Poderes del Estado de México, que fortalezcan la identidad mexiquense tanto en territorio estatal como en los ámbitos nacional e internacional, bajo criterios y los más altos estándares de calidad e innovación en materia tecnológica, en estricto apego a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, necesita de la participación de los periodistas que día a día informan del acontecer cotidiano de la entidad, que promueven con sus actividades periodísticas la cultura, la historia, las necesidades y los logros de la sociedad mexiquense.

 

CAPÍTULO XV DEL FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA EL PERIODISTA Y SU FAMILIA

 

Artículo 61.- La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Fondo de Apoyo a Periodistas, aplicará y ejercerá un programa que motive la participación de los periodistas y su familia en actividades sociales, culturales y recreativas para la sana convivencia y elevación de los valores humanos.

 

Artículo 62.- Los periodistas y su familia tendrán acceso al disfrute de los bienes y servicios que promueve el Gobierno del Estado de México y Municipios.

 

Artículo 63.- El Gobierno del Estado de México y los gobiernos municipales celebrarán convenios con empresas públicas y/o privadas de la cultura y el arte, en beneficio de los periodistas y sus familias.

 

Artículo 64.- El Instituto Mexiquense del Deporte promoverá la realización de eventos deportivos en coordinación con el Comité Técnico para fomentar la cultura física y deportiva de los periodistas del Estado de México.

 

CAPÍTULO XVI DE LOS MUNICIPIOS

 

Artículo 65.- Corresponde a los gobiernos municipales de la entidad, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: I. Coadyuvar con federación y el gobierno estatal para la instrumentación de los mecanismos de protección a los periodistas; II. Aportar información para el buen funcionamiento de la Alerta de Riesgo, y; III. Capacitar a los servidores públicos en las disposiciones y alcances de la presente Ley.

 

CAPÍTULO XVII DE LAS SANCIONES

 

Artículo 66.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del fuero común, no podrán, en ningún caso, citar a los periodistas como testigos con el propósito de que revelen sus fuentes de información, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.

 

Artículo 67.- El Servidor Público que contravenga lo dispuesto en esta Ley, será sancionado de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y por el Código Penal del Estado de México.

 

Artículo 68.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se sancionaran conforme a lo que establezca la legislación aplicable, con independencia de las del orden civil o penal que procedan.

 

Artículo 69.- Comete el delito de daño a Periodistas, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño al Periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta Ley.

 

Artículo 70.- Por la comisión de este delito al servidor público se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, conforme lo establece la legislación federal del ramo.

 

Artículo 71.- Si sólo se realizara en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, se aplicará la mitad de la sanción.

 

Artículo 72.- A quien, de forma intencional y mediante actos concretos, obstaculice, impida o reprima la producción, publicación, distribución, circulación o difusión de algún medio de comunicación impreso, electrónico, digital o imagen, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o las sanciones aplicables correspondiente.

 

TRANSITORIOS PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan el presente ordenamiento. Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de del año dos mil.

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Propuesta de Ley de Protección al Periodista

En este foro se va a discutir con los periodistas del Estado de México, la propuesta de Ley de Protección al Periodista hecha por la Asociación de Periodistas de México. 

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